El 28 de octubre y ante una atenta audiencia presente en el Auditorio Gorbea de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemática de la U., el académico de Ingeniería Industrial presentó su visión sobre la actual crisis de la Educación Superior en nuestro país y las posibles vías de solución al conflicto que, en su opinión, deben llevar a preguntarse qué tipo de educación universitaria queremos.
Durante su exposición titulada “Conceptos básicos para el debate del financiamiento universitario”, Meller, quien también es Director de Proyectos de CIEPLAN, presentó algunas cifras que corroboran la aseveración de que los jóvenes y sus familias financian la Educación Superior. Entre otros, que Chile tiene el menor aporte público del mundo en educación terciaria (0,5% del PIB), que para los tres quintiles más bajos un hijo que cursa estudios superiores representa sobre el 40% del ingreso familiar (equivalente a dos hijos en el cuarto quintil) y un coeficiente de deuda -relación deuda / ingreso anual- que llega al 174%, el peor del mundo y seguido -a una distancia considerable- por Colombia, Suecia y Estados Unidos.
“¿Cómo financian las familias la Educación Superior en Chile?”, se preguntó Meller. “Se endeudan”, respondió tajante.
Expuestos estos antecedentes, el académico se refirió al lucro en las universidades, primer foco del conflicto estudiantil que desde hace un tiempo se ha trasladado a la gratuidad de la educación. Algo no menor si se considera, según recordó en su intervención, que el principal mecanismo de movilidad social en Chile es el ingreso a la Educación Superior.
“Las universidades con fines de lucro han ayudado a la movilidad social. Si éstas se terminan ¿van a disminuir los aranceles? ¿va a aumentar la calidad de la educación? La respuesta es negativa”, advirtió.
Y agregó preocupado: “El foco del lucro desvía la atención de temas relevantes: los aranceles y la calidad de la Educación Superior”, a la vez que destacó los dos problemas que aquejan a las universidades -con y sin fines de lucro por igual- como son la alta deserción de los alumnos (40%) y la baja empleabilidad de los graduados, lo que, a su juicio, exige una adecuada regulación.