VOLUMEN 3 N�MERO 1
| VOLUMEN 3 N�MERO 1 |
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DELINCUENCIA EN CHILE
| La delincuencia y la violencia son temas que han irrumpido con fuerza en las agendas p�blicas y en las preocupaciones de la poblaci�n durante la d�cada de los ‘90. Sin embargo, a pesar de su protagonismo, no han sido asumidos por las autoridades como un �rea social de trabajo. En parte, ello se ha debido a la falta de claridad sobre la influencia de la criminalidad en la vida nacional y a su verdadero impacto sobre los m�s pobres. La primera secci�n de este trabajo esboza los alcances m�s significativos de la criminalidad violenta sobre la calidad de vida. La segunda, rese�a las principales carencias en las �reas de control y prevenci�n del delito, as� como en la forma escogida para abordar el problema. En la �ltima secci�n se hacen proposiciones de pol�tica p�blica en cada una de las �reas descritas como deficientes. |
| El trabajo aborda el tema de las reformas a la justicia criminal que se han hecho comunes en Am�rica Latina y su posible impacto sobre la seguridad ciudadana. La primera parte plantea que no es posible esperar que las reformas de por s� signifiquen una sustancial mejor�a en la seguridad, mediante el aumento de la cantidad de delitos esclarecidos y sancionados. En cambio, sostiene que s� es posible esperar mejoramientos por la v�a de una respuesta simb�licamente m�s poderosa que produzca confianza en las personas y disuada la comisi�n de delitos. Por �ltimo, sostiene que tambi�n es posible conseguir algunos resultados favorables a trav�s del involucramiento de los fiscales del Ministerio P�blico en acciones de prevenci�n, siempre y cuando desarrollen una estrategia y utilicen sus facultades con ese objetivo. |
| En Chile, el debate acerca
de la seguridad ciudadana s�lo tangencialmente se refiere al funcionamiento del modelo
policial vigente, que consiste en la existencia de dos polic�as de car�cter nacional. Se
pone �nfasis en las carencias de recursos y de dotaci�n que enfrentan ambas polic�as y
en las recientes limitaciones de sus facultades para detener sin orden judicial. Sin desconocer la importancia de esos aspectos, el art�culo plantea que las polic�as enfrentan desaf�os mucho mayores que los descritos, que se han hecho patentes en los �ltimos a�os. En primer lugar, las estrategias utilizadas en el pasado para enfrentar el delito com�n se encuentran superadas porque demuestran inefectividad o derechamente implican un uso discrecional de las facultades de la polic�a, incompatible con el Estado de Derecho. Segundo, existe una desigualdad notoria y creciente en la provisi�n del servicio de vigilancia policial, que se ve agravada por la posibilidad de los sectores m�s pudientes de contratar servicios de seguridad privados. Por �ltimo, los mecanismos existentes para controlar la gesti�n policial y las infracciones de las normas legales y reglamentarias por parte de los polic�as adolecen de graves limitaciones. |
| Este trabajo analiza las
estad�sticas disponibles sobre delincuencia y gasto policial entre 1977 y 1997. En dicho
per�odo, ambos crecieron en forma importante. Por esta raz�n se plantea el tema de la
eficiencia policial como factor explicativo del aumento de los delitos. Para tener una
mejor comprensi�n de esta situaci�n se analizan las hip�tesis m�s comunes que pueden
explicar esta correlaci�n “an�mala” entre delincuencia y presupuesto policial.
Se estudia qu� sucede con el incremento de la dotaci�n total, la dotaci�n per c�pita y
las funciones policiales. De la evidencia disponible, que es muy escasa, se concluye que
si bien la ineficiencia policial no es el �nico factor que explica el aumento de la
delincuencia, tampoco parece claro que factores ex�genos al sistema policial la expliquen
por completo. En el tratamiento de la delincuencia uno de los t�picos m�s recurrentes es el papel de la polic�a y en particular de su eficiencia. Cada vez que se dan a conocer cifras sobre la evoluci�n de los delitos, de inmediato surgen argumentos que vinculan los resultados de la acci�n policial con los niveles de delincuencia. Para algunos, el aumento de la delincuencia es consecuencia de la falta de recursos de la polic�a. Para otros, el problema se sit�a en su falta de eficiencia para abordar de manera adecuada la cuesti�n. Dado lo anterior, a continuaci�n intentaremos dilucidar, de acuerdo con las cifras disponibles, qu� aspectos de esta pol�mica son v�lidos y cu�les no parecen tener apoyo emp�rico. Como prevenci�n general hay que se�alar que la informaci�n disponible es bastante escasa, lo que no s�lo limita el alcance de este trabajo, sino que expresa uno de los problemas de fondo de la pol�mica y que finalmente la legitima: la falta de transparencia en la informaci�n. Ello exige contar con registros p�blicos de informaci�n, de libre consulta e independientes. |
ART�CULOS
| Este trabajo aporta los
puntos de vista de un psiquiatra cl�nico especializado en el tratamiento de dependencias
qu�micas, en torno a la filosof�a, objetivos y medidas t�cnicas que deber�a incluir
una pol�tica p�blica de alcohol y drogas. A la vez, se entregan elementos que permitan
comprender las implicancias del fen�meno de la droga a escala individual, familiar y
social. Se postula que las pol�ticas m�s efectivas son aquellas que combinan un marco legal que responsabilice al consumidor habitual u ocasional, con programas de educaci�n, prevenci�n y tratamiento dise�ados sobre una s�lida base t�cnica. Los programas deben implementarse en los lugares donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo: el trabajo, la escuela y centros de estudio superiores y la comunidad. Para que una pol�tica sea efectiva requiere de la participaci�n de los sectores p�blico y privado. A la vez, debe ser integral, es decir, incluir en el mismo nivel de importancia las acciones de educaci�n, prevenci�n y tratamiento. Los pa�ses que han aplicado este tipo de programas han reducido de manera significativa el nivel de consumo de la comunidad y sus repercusiones individuales, familiares y sociales. Finalmente se se�ala que la sociedad chilena debe adquirir conciencia de que el consumo de sustancias es un problema grave que afecta a todos los ciudadanos y que es necesario modificar la actitud social de tolerancia al consumo, incluido el de alcohol y cigarrillo. |
La generaci�n de recursos para las adquisiciones de equipo de las
fuerzas armadas chilenas consiste en un sistema regulado por la Ley reservada N� 18.445
de 1985, que depende de las exportaciones de Codelco y goza de automaticidad. |
| Este art�culo enfatiza la
evaluaci�n comparada de los principales logros e insuficiencias de los gobiernos de
Patricio Aylwin y Eduardo Frei en materia ambiental. A la vez, logra sistematizar los
aspectos pol�tico-estrat�gicos de sus respectivas definiciones program�ticas (con sus
fortalezas y debilidades), como las decisiones y hechos m�s relevantes de ambas
gestiones. Con una visi�n cr�tica, el autor repasa las �reas de inter�s que han ocupado el debate ambiental en el pa�s en la d�cada de los ‘90, concluyendo que los significativos avances logrados en materia legal e institucional han ocultado la existencia de importantes vac�os. Desde su perspectiva, los supuestos consensos sobre los cuales se ha cimentado la gesti�n ambiental gubernamental no son tales, al menos en cuanto a la ponderaci�n que los distintos sectores sociales y econ�micos realizan respecto de los objetivos de desarrollo econ�mico y sustentabilidad ambiental. Asimismo, devela en detalle los elementos determinantes en los �xitos y los errores, pol�ticos y t�cnicos, de los dos �ltimos gobiernos en �reas concretas de la gesti�n ambiental. Este an�lisis retrospectivo permite formarse una visi�n global del quehacer gubernamental, y de los enfoques aplicados en esferas tan diversas como sus prioridades pol�ticas, su relaci�n con los sectores involucrados y su gesti�n en �mbitos como la descontaminaci�n, los recursos naturales, el Sistema de Evaluaci�n de Impacto Ambiental, el manejo de residuos y la planificaci�n territorial. Finalmente, ofrece una perspectiva de las tareas y desaf�os pendientes que un pr�ximo gobierno debiera incorporar en su agenda program�tica ambiental. |
| Este art�culo analiza las
razones econ�micas y pol�ticas que justifican la integraci�n de la protecci�n
ambiental al proceso de desarrollo y lo que Chile debe avanzar en la aplicaci�n de una
pol�tica que sea sostenible en el largo plazo. Tambi�n se destaca la importancia que
tiene la pol�tica ambiental para asegurar el acceso de los bienes y servicios de Chile a
los mercados internacionales. Dentro de la evoluci�n de las pol�ticas ambientales aplicadas en el pa�s, se examinan los per�odos 1980-1990, 1990-1994 y 1994-1999. En relaci�n con este �ltimo per�odo, se revisa la pol�tica ambiental aprobada por el gobierno en 1998; el sistema de evaluaci�n de impacto ambiental; la participaci�n ciudadana; el plan de descontaminaci�n atmosf�rica de Santiago y el r�gimen de las cuencas hidrogr�ficas, con especial referencia a las de los r�os Loa, B�o B�o y Valdivia. |
| En 1990 las condiciones de
operaci�n del sistema de transporte p�blico en Santiago se hab�an deteriorado
considerablemente. Exist�a una total desarticulaci�n de los recorridos, una alta
congesti�n, un bajo grado de eficiencia en la operaci�n de la flota y altos niveles de
contaminaci�n. En este contexto, en 1992 se introdujo un mecanismo de licitaci�n de
recorridos como un instrumento para regular la provisi�n de servicios de transporte en la
ciudad. Este trabajo analiza las principales caracter�sticas econ�micas del sector que hacen necesaria la regulaci�n, y describe y eval�a el sistema de concesi�n de recorridos. �ste �ltimo ha permitido mantener las tarifas bajas, disminuir el tama�o de la flota, incluir cambios tecnol�gicos que implican mayor eficiencia operativa y adoptar tecnolog�a menos contaminante. Dichos avances se han logrado gracias a la regulaci�n directa del sector, mediante las bases de licitaci�n, m�s que por la introducci�n de elementos competitivos. El que los avances en el transporte p�blico se asocien a un sistema de regulaci�n directa, y no a la existencia de elementos competitivos, implica que continuar mejorando el funcionamiento del sector depende de la forma en que la autoridad neutralice el poder pol�tico y de concertaci�n de los actuales operadores. De este �ltimo factor tambi�n depende la introducci�n de nuevas opciones regulatorias que hagan m�s competitivo el sector. |
| En nuestro pa�s la primera formulaci�n tendiente a establecer el Defensor del Pueblo surgi� a mediados de 1985,en el seno del Grupo de Estudios Constitucionales (tambi�n llamado Grupo de los 24).La idea fue recogida e impulsada por varios de sus miembros,que fundaron en diciembre de ese a�o el Cap�tulo Chileno del Ombudsman. |
Comentarios
de
Eduardo Bitr�n y Francisco Fern�ndez
Respuesta
de
Juan Domingo Milos
LIBRO
El Chile Perplejo de Alfredo Jocelyn-Holt
Rese�a de Carlos
Pe�a